Aciertos, carencias y retos de la «ley catalana» de la violencia machista

En abril de 2008, el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista . Cuatro años atrás, en 2004, se había aprobado la Ley integral de medidas para la protección integral contra la violencia de género , la ley Orgánica 1/2004, que supuso un antes y un después en la atención y abordaje de la violencia en el ámbito de la pareja, pero que a la vez se quedaba muy corta.

En ese momento, el hecho de que se tratara penalmente de manera diferenciada la violencia machista comportó un extenso debate, muchas críticas y la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad que, afortunadamente, acabó con el aval del Tribunal Constitucional al planteamiento diferenciado respecto de las violencias sufridas por mujeres en el ámbito de la pareja.

En esta década y casi media que ha pasado desde entonces , el feminismo ha ganado en relevancia, espacio y discurso, pero debemos hacer un esfuerzo para retroceder en el tiempo y entender todo lo que supuso la aprobación de la ley catalana, la 5/2008. Si nos situamos diez años atrás, la innovación de la ley es indudable, hasta el punto de contemplar medidas o abordajes que incluso ahora todavía se pueden considerar rompedoras. Por una vez la actividad institucional, una ley, fue por encima de la mayoría de la sociedad, marcando un hito que, afortunadamente, diez años después hemos logrado e incluso superado en algunos aspectos.

Uno de los hechos más destacables, y que posiblemente ayuda a explicar muchas cosas, es que la ley nació directamente desde el movimiento feminista y los colectivos de mujeres. El borrador de la ley se elaboró desde el feminismo, con posterior participación de otros ámbitos de la sociedad civil, y supuso por tanto un proceso colectivo de debate y creación. Es seguramente por ello que la ley habla de «violencia machista» y no de «violencia de género» como la ley estatal.

La elección de esta terminología, después de mucho debate, no fue ni mucho menos azarosa, sino que respondía a una clara voluntad de romper con el imaginario colectivo, agudizado quizá por la aprobación de la ley estatal, en la que la violencia contra las mujeres se circunscribía sólo en el ámbito de la pareja, y para romper con la ambigüedad que supone el término «violencia de género», cuando de géneros hay dos y la violencia estructural sólo la ejerce uno contra el otro.

Además, se hace una explícita definición de las violencias desde una perspectiva amplia, incluyendo la violencia económica y psicológica. Con esta voluntad de usar una concepción amplia del concepto «violencia machista», se reconoció, por primera vez, el ámbito laboral como ámbito donde se podían ejercer, y sufrir, esta violencia.

La ley catalana fue también fuente de inspiración para otras normativas estatales y europeas, destacando de manera especial el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica .

La creación de una red asistencial y de emergencia

Es indudable que el que ha tenido más impacto en la realidad próxima y cotidiana de las mujeres víctimas de violencias es la creación de la Red de Atención y Recuperación Integral. Ha supuesto la creación por todo el territorio de varios recursos de atención integral que permiten a las mujeres ya sus hijos un acceso a varios servicios que pueden necesitar, tanto para su atención de urgencia como para su posterior recuperación (psicólogos, juristas, trabajadores sociales, etc.), de manera centralizada, coordinada y pública.

Como ocurre a menudo, sin embargo, con las buenas intenciones y las buenas leyes, si no se acompañan de un compromiso y apuesta real, traducido en este caso en una dotación presupuestaria suficiente, las carencias se agudizan. La política de desguace del sector público también ha afectado, como no podría ser de otro modo, esta red y ahora mismo nos encontramos con unos servicios colapsados, con unos profesionales precarizados, con volúmenes elevadísimos de trabajo y, en definitiva, con una deficitaria atención a las mujeres víctimas de violencia.

Las carencias de la ley y los retos de futuro

La ley, por cuestiones que podríamos llamar estructurales, nació coja en cuanto a la efectividad. Debido al reparto de competencias, la ley catalana contiene más declaraciones de buena voluntad que mecanismos de aplicación efectiva de los derechos que se recogen, sobre todo más allá del ámbito público.

El preámbulo de la ley llama expresamente la necesidad de incorporar la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos profesionales y quizás aquí es donde se focaliza una de las carencias de aplicación más grandes. La violencia patriarcal está amparada por un sistema en el que nos hemos socializado todas, también las víctimas, también los y las profesionales que trabajamos con ellas.

Por ello, resulta indispensable incorporar de manera efectiva una mirada sobre las violencias machistas que sea global, que vaya a la raíz e incorpore esta perspectiva en cualquier regulación, actuación o intervención en este ámbito. Por desgracia, y por culpa de carencias estructurales que van mucho más allá de la ley, esto no es así.

Y esto nos lleva a la oportunidad perdida en la elaboración de la ley: la inclusión de la Violencia Institucional como una forma más de violencia machista. En su momento, durante el debate y redactado de la ley, se puso sobre la mesa su incorporación pero finalmente cayó. Quizás era un límite a tanta innovación, quien sabe. En todo caso, tenemos la certeza de que hasta que no seamos conscientes, en todo su alcance, de la existencia de violencia machista institucional y se haga un abordaje oportuno y eficaz, ninguna ley que pretenda luchar contra esta violencia será realmente efectiva .